Camión de recogida de residuos
Así lo ha indicado el vicepresidente responsable del Pacto Verde Europeo, Maros Sefcovic, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la delegación del PP español en el Parlamento Europeo y en la que aclara que la Comisión ofrece una serie de acciones entre las que los gobiernos de la UE pueden elegir cuál se adapta mejor a sus necesidades.
«El anexo de la directiva contiene una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos que los Estados miembro pueden utilizar discrecionalmente para cubrir los costes de la gestión de residuos», señala Sefcovic.
El comisario eslovaco ha recordado también que, en base al principio de ‘que quien contamina paga’, la nueva normativa «determina que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, deben correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos».
Según la norma, los Estados miembro deben aspirar a alcanzar un objetivo indicativo de reducción de los residuos alimentarios a escala de la UE del 30% en 2025 y del 50% en 2030.
Para tal fin, la directiva exige así que las capitales adopten medidas para prevenir la generación de residuos y, aunque no obliga a utilizar ningún instrumento concreto, sí incluye en sus ejemplos acciones como tasas y restricciones aplicables a las operaciones de depósito en vertederos e incineración de residuos, sistemas de pago por generación de residuos que impongan tasas según la cantidad real de residuos generados, entre otras.
«Esas medidas pueden además variar en función de los agentes a los que se impongan, como, por ejemplo, las empresas, los productores o los hogares», ha agregado Sefcovic en su respuesta a los ‘populares’, quienes subrayan que «no era necesario sangrar a los ciudadanos» a través de un impuesto que tildan de «tasazo», para transponer correctamente la directiva.
Esta tasa ha sido duramente criticada desde los ayuntamientos gobernados por el PP, que lamentan que se haya impuesto «sin diálogo» y sin respetar su autonomía y ven en la respuesta de Bruselas una prueba de que el Gobierno podría haber optado por otras medidas distintas a la tasa.
Por su lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado al Gobierno que reforme la ley por la que se ha creado la tasa de basuras, que consideran «complicada de entender y de aplicar».
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