«Con este régimen, España podrá reducir el riesgo de que las industrias con un elevado consumo energético trasladen su producción a lugares con objetivos climáticos menos ambiciosos», ha dicho la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, sobre una medida pensada para reducir el riesgo de «fuga de carbono» en el marco del régimen europeo de comercio de derechos de emisiones.
El Ejecutivo comunitario ha concluido tras su examen que el plan es «necesario y adecuado» para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a hacer frente al incremento de los precios de la electricidad y evitar que se deslocalicen a países fuera de la UE. Además cree que la ayuda «se limita al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia ni el comercio en la UE».
En un comunicado para anunciar el visto bueno de Bruselas, Vestager ha destacado también que el plan del Gobierno de Pedro Sánchez servirá también para «promover una descarbonización rentable de la economía», en línea con los retos fijados en el marco del Pacto Verde europeo, y «proteger la competencia» en el mercado único.
Así las cosas, el plan español de 2.900 millones de euros cubrirá parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad, también llamados «costes de emisiones indirectas», y ello para el periodo 2021-2030.
El objetivo es reducir el riesgo de «fuga de carbono» por el traslado de parte de la producción a países de fuera de la UE y por ello menos exigentes en materia de normas medioambientales y criterios climáticos. De darse tal transferencia de la industria, la actividad económica de la UE caería y tampoco se lograría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial, según advierte la institución comunitaria.
En concreto, la compensación se concederá a las empresas admisibles mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior y un pago final que se realizará en 2031.
El importe máximo de la ayuda será como norma igual al 75 % de los costes de las emisiones indirectas en que se haya incurrido, aunque se prevé casos en los que el porcentaje del apoyo sea mayor para limitar los costes restantes de las emisiones indirectas al 1,5 % del valor añadido bruto de la empresa.
En todo caso, el importe de la ayuda se calcula sobre la base de valores de referencia de consumo eficiente de electricidad, que garantizan que se anima a los beneficiarios a ahorrar energía.
Para poder optar a la ayudas, las empresas deberán cumplir las recomendaciones de auditoría energética en un plazo de tres años a partir de recibir la compensación, por ejemplo cubriendo al menos el 30 % de su consumo de electricidad con fuentes sin emisiones de carbono (a través de instalaciones de generación de energía renovable in situ.
Otras recomendaciones apuntan acuerdos de compra de energía sin emisiones de carbono o garantías de origen) o inversiones de al menos el 50 % del importe de la ayuda en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus instalaciones.
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