En particular, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la modificación del marco legal que España puso en marcha para poder dar ayudas públicas al tejido empresarial está «en línea» con el Marco Temporal de Ayudas de Estado aprobado a nivel comunitario tras el estallido de la pandemia de coronavirus.
El régimen de ayudas públicas de España fue aprobado por primera vez en abril de 2020 y después ha sido modificado en tres ocasiones. En esta última revisión, el Gobierno adecuó el esquema nacional a la última actualización del marco europeo, adoptada a finales de enero.
En esta actualización, Bruselas amplió hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del régimen temporal de ayudas de Estado, aumentó el montante de ayudas que los países pueden dar a cada empresa hasta los 1,8 millones de euros e incluyó la posibilidad de convertir préstamos, avales y otros instrumentos en subvenciones directas.
Así, una vez fue adoptado el marco comunitario, el Ministerio de Asuntos Económicos notificó a la Comisión Europea la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas administraciones. En concreto, una enmienda que permite la concesión de ayudas limitadas a través de intermediarios y una medida nuca para cubrir costes fijos de empresas afectadas por la pandemia.
Bruselas ha destacado que estas ayudas tomarán la forma de subvenciones directas, ventajas fiscales, anticipos reembolsables, garantías, préstamos o compra de acciones y será accesible para compañías de todos los sectores excepto el financiero. El objetivo es «aportar liquidez a empresas que todavía están sufriendo caídas de sus ingresos de al menos el 30%» como consecuencia de la pandemia.
Las autoridades comunitarias han concluido que cumple con los requisitos del marco europeo de ayudas públicas porque las ayudas para cubrir costes fijos no superarán los 10 millones de euros por empresa y porque las ayudas se concederán hasta el 31 de diciembre de 2021.
