Bruselas considera que el plan español cumple con las condiciones fijadas por el marco temporal de crisis que flexibiliza las condiciones de este tipo de apoyos públicos y coincide en que es «necesario, adecuado y proporcionado» para encarar la «grave perturbación» en la economía.
La ayuda no podrá exceder los 35.000 euros por empresa activa en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura ni los 400.000 euros en el caso de empresas en el resto de sectores. Además, las garantías deberán concederse a más tardar en diciembre de este año y su duración no podrá exceder los ocho años.
La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha destacado en un comunicado que la nueva línea del ICO permitirá a España «mitigar el impacto económico» de la guerra en Ucrania.
«Seguiremos apoyando a Ucrania y a los ucranianos y al mismo tiempo mantenemos una estrecha colaboración con los Estados miembro para velar por que las ayudas nacionales se concedan de manera adecuada, coordinada y eficaz, al tiempo que se protege la igualdad de condiciones dentro del Mercad Único», ha indicado Vestager.
El Ejecutivo comunitario ha precisado que podrán acceder a la ayuda las empresas que operen en todos los sectores afectados por la crisis, salvo las entidades de crédito y financieras, y que, en ningún caso, estarán abiertas a entidades que figuren en la lista de sancionados por la Unión Europea debido a su colaboración con el régimen de Vladimir Putin en la invasión de Ucrania.
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