Botín insiste en que el Estado avale parte de las hipotecas a jóvenes precarios

Ana Botín, presidenta de Banco Santander
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La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha aprovechado su intervención en la Cumbre Empresarial organizada por la CEOE para abogar por un “plan de choque” que permita a los jóvenes acceder a la vivienda mediante un sistema de garantías públicas. Según sus cálculos, medio millón de familias accederían a su primera vivienda y se crearían 1,7 millones de empleos.

Muchos españoles por debajo de los 35 años están desempleados o tienen contratos temporales con “precariedad y bajos salarios”, ha reflexionado Botín. Por ello, “estamos trabajando es lanzar un plan de ayuda de compra de vivienda a los jóvenes” que elimine la “barrera insalvable” que supone en muchos casos que el comprador aporte entre el 20% y el 25% del precio del inmueble.

La banquera ha abogado por un “plan de garantías públicas” que permita el acceso a la vivienda que “mejore la convivencia intergeneracional” y al mismo tiempo cree empleo directo e indirecto.

No es la primera vez que Botín presenta esta idea. Ya lo hizo en una entrevista concedida a El País el pasado mes de mayo en la que dio más detalles de cómo se articularía. De acuerdo con su propuesta, los jóvenes solo tendrían que aportar un ahorro del 5% sobre el valor de la vivienda y la hipoteca de la entidad sería del 95%, lo que llevaría al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a avalar un 20% del préstamo.

Según sus cálculos, este plan permitiría el acceso de 500.000 familias a su primera vivienda y se crearían 1,7 millones de puestos de trabajo. Podría verse complementado asimismo con un programa de reformas del stock de viviendas que ayude a adaptarlas a la lucha contra el cambio climático. Tal y como ha recordado, las emisiones residenciales podrían reducirse en un 80%.

La presidenta del Santander ha pedido también un plan de choque en el turismo y la restauración que permita “caminar a un turismo más sostenible y ecológico”. Asimismo, ha solicitado que todas las reformas que se lleven a cabo desde la “transparencia” y el “respeto a las instituciones” y estén “basadas en evidencias”, porque esto es lo que “va a determinar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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