La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha rechazado ir a declarar voluntariamente el viernes ante Tribunal Supremo (TS) por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a un amigo cuando ella estaba al frente.
En apuntes de Twitter recogidos por Europa Press, Borràs ha asegurado este jueves por la noche que ir a declarar «implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año» que está criticando en una causa que, según ha dicho, ha vulnerado sus derechos.
«Hay que recordar que esta causa no habría existido nunca si yo no fuera ‘una conocida independentista», ha señalado, y ha afirmado que está orgullosa del trabajo realizado con los contratos que son objeto de investigación.
Ha manifestado que «el mismo fiscal que vio una rebelión inexistente el 1-O» ahora la acusa de una corrupción que ha asegurado que es inexistente.
Borràs también ha defendido que los trabajos ahorraron dinero al ILC y ha constatado: «En todo este tiempo ni jueces ni fiscales se han molestado en comprobar la calidad y la veracidad de este trabajo».
El TS le ofreció declarar voluntariamente pero, si no comparece el viernes, el magistrado instructor puede proponer a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio para obtener permiso para interrogarla como investigada.
INVESTIGACIÓN
El alto tribunal abrió en diciembre la investigación tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que comenzó a investigar los hechos por presuntos delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La exposición razonada de la juez de Barcelona, así como el informe favorable de la Fiscalía, destacaban que la diputada de JxCat presuntamente actuó de común acuerdo con I.H. –también investigado por el juzgado barcelonés– «para defraudar» a la ILC mediante el fraccionamiento de contratos relacionados con la programación informática.
Borràs ha lamentado este jueves que la «investigación ilegal» ha implicado el cierre de páginas web bajo sospecha, y ha indicado que supone un perjuicio para los ciudadanos.
