13-09-2021 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de septiembre de 2021, en Madrid (España). El pleno del Congreso de los Diputados debate hoy la necesidad extraordinaria de prorrogar la suspensión de las reglas fiscales de cara a 2022 ante la emergencia provocada por la pandemia de la Covid-19 en España. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press
«Yo creo que las comunidades autónomas, tanto Madrid como Cataluña, pedirán la declaración de área tensionada porque si no lo hacen, van a perjudicar a todos, a los propietarios y a los inquilinos», ha señalado Bolaños en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que varias comunidades gobernadas por el PP manifestaran su rechazo a aplicar esta medida.
La nueva ley, que este martes fue acordada en el seno del Gobierno de coalición, contempla que las comunidades autónomas soliciten al Gobierno la declaración de «zona tensionada» para que se obligue a grandes propietarios a bajar el precio del alquiler. También incluye beneficios fiscales a pequeños propietarios si reducen el precio de la renta de sus viviendas.
NEGATIVA DEL PP
El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advirtió este martes de que la capital no impondrá el recargo del 150% del IBI para pisos cerrados y medidas para impedir los desahucios y que «si les obligan», el consistorio articulará medios para «que no repercuta a los madrileños». El acuerdo sobre la ley de Vivienda, también establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos.
La Junta de Andalucía, presidida por el PP, también se ha manifestado este miércoles en la misma línea y en voz de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha afirmado que «no limitará los precios del alquiler» en Andalucía y protegerá a los propietarios de viviendas.
Según Bolaños, la nueva ley va a beneficiar a todas las personas físicas, a los propietarios que se van a poder deducir bonificaciones fiscales «de hasta el 90%» del rendimiento de ese arrendamiento y también a los inquilinos, que van a poder recibir «ayudas» y acceso a la vivienda en «condiciones especiales».
Para Bolaños, si las comunidades no solicitan que se aplique la ley, «van a perjudicar a todos, a pequeños propietarios e inquilinos», según ha indicado. «No se me ocurre que ninguna comunidad quiera perjudicar a sus ciudadanos», ha añadido.
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