El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Foto: PSOE/Eva Ercolanese)
El anuncio de reforzar con un 50% adicional de jueces especializados en violencia sobre la mujer pretende responder a la creciente demanda de protección y justicia para las mujeres.
Según Bolaños, el Gobierno pondrá en marcha nuevas secciones de violencia sobre la mujer que abarcarán todas las formas de violencias machistas, con el objetivo de ofrecer una mayor cobertura y seguridad.
Sin embargo, la iniciativa coincide con las críticas de los actuales jueces de violencia de género, quienes advierten que la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia podría provocar un incremento significativo de la carga de trabajo, especialmente en delitos relacionados con la libertad sexual, colapsando unos juzgados ya saturados.
“El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados” – Comunicado de 135 jueces de violencia de género
La advertencia de los jueces especializados se centra en el aumento de los casos que deberán tramitarse en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, pues ahora conocerán de delitos contra la libertad sexual, con independencia de que exista o no un vínculo sentimental entre víctima y agresor. Según los magistrados, este salto en la competencia objetiva y subjetiva podría repercutir negativamente en la calidad de la instrucción y en la protección real de las mujeres y sus hijos.
“Se trata de una reforma a coste cero que, según los cálculos del Ministerio de Justicia, va a suponer un aumento de la carga de al menos el 20%” – Comunicado de los jueces
La principal queja radica en la falta de dotación presupuestaria para sostener el aumento de competencias. Hasta ahora, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ya asumían casos de agresiones sexuales cuando existía un vínculo afectivo entre la mujer y el agresor; la reforma amplía aún más su ámbito de actuación, elevando la saturación de un sistema que, según los profesionales, no cuenta con los recursos necesarios.
La entrada en vigor de la reforma está prevista para el 3 de octubre de 2025, pero el aumento de competencias y la conversión de más juzgados en secciones de violencia de género no se hará efectiva por completo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Este desfase de fechas, denuncian los jueces, deja un lapso de tres meses en el que deberán afrontar la nueva carga de trabajo sin los medios prometidos por el Gobierno.
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