El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el líder del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
“Entiendo la democracia desde el diálogo, no desde la imposición”, ha afirmado el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección. Según ha confirmado, ha ofrecido a Vox “un acuerdo de gobierno”. O lo que es lo mismo, compartir poder en esta nueva legislatura. “Desde nuestra posición inicial hemos cedido para propiciar el entendimiento”, ha destacado Mañueco, que ha criticado que “Vox no se ha movido nada”.
Por su parte, esta última formación ha arremetido contra el PP, a quien ha culpado de la falta de acuerdo. “El PP se empeña en negar a los votantes de Vox el mismo trato que dio a su anterior socio”, ha afeado Juan García-Gallardo a los populares. Según ha dicho en su cuenta de Twitter, “todavía está a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta o, en caso contrario, explicarle a sus votantes por qué no ha querido este gobierno para Castilla y León”.
Junto a estas palabras adjuntaba las exigencias de su partido para un pacto. Entre sus condiciones, reclaman la vicepresidencia de la Junta, así como la Presidencia de las Cortes (algo que rechaza el PP) y la Secretaría tercera de la Mesa.
Además, expone los “ejes” del posible gobierno de coalición, que deberían pasar por “reivindicar nuestra historia común”, la “reducción significativa del gasto institucional y supresión del gasto público superfluo” y un “compromiso para no subir impuestos propios o crear alguno nuevo”.
Junto a esto, da cuenta de las medidas que, en su opinión, habría que implementar en los “primeros 90 días”. En este sentido, defienden reducir “todas las subvenciones públicas a sindicatos, patronales y organizaciones políticas”. También derogar la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León y eliminar las partidas presupuestarias y normativas “que promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos”. “La Junta colaborará con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”, sostienen.
Reducir las consejerías de 10 a 9, desarrollar una ley de violencia intrafamiliar “que reconozca y repare por igual a cualquier tipo de víctima” o la defensa de la propiedad privada, “con especial atención al hecho delincuencial de la ocupación”, son otras de sus propuestas.
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