Actividad minera de Berkeley
El pasado mes de mayo, el grupo minero australiano anunció la presentación de una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), iniciando así el procedimiento contra España respecto de su proyecto de la mina de uranio, después de que fueran bloqueados los permisos, en la que pide una compensación preliminar de 1.000 millones de dólares (921 millones de euros), según Europa Press.
En su año fiscal, el grupo elevó sus ingresos por intereses hasta los 3,546 millones de dólares (unos 3,17 millones de euros), frente a los 1,054 millones de dólares (unos 1,35 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, que se pueden atribuir en gran medida al aumento de las tasas de los intereses del 3,0% al 4,6%.
Mientras, los gastos de exploración y evaluación ascendieron a 3,825 millones de dólares (unos 3,42 millones de euros), un 13% más, que es atribuible a la política contable de contabilizar los gastos de exploración y evaluación incurridos con posterioridad a la adquisición de los derechos para explorar y hasta que se tome la decisión de desarrollar o explotar.
Asimismo, detalla la citada agencia, se incluyen gastos de desarrollo comercial por 243.000 dólares (unos 218.000 euros), que recogen actividades de relaciones, entre otras, de costes de relaciones públicas, marketing y marketing digital, intermediarios honorarios, honorarios de consultores de desarrollo empresarial y derechos de admisión a la bolsa de valores.
Al pasado 30 de junio, Berkeley contaba con unos activos netos de 84,904 millones de dólares (unos 76 millones de euros), con una caída del 2,8% frente al ejercicio anterior.
Berkeley Exploration Limited (BEL) presentó una solicitud de arbitraje para sus inversiones en España a través de su filial española, Berkeley Minera España (BME), iniciando el procedimiento contra el Reino de España ante el Ciadi.
Respecto a este procedimiento, Berkeley ya ha recibido la notificación de registro del Ciadi y se encuentra en la siguiente fase del procedimiento judicial. “Los miembros serán seleccionados y nombrados, estableciendo así formalmente el tribunal”, indicó la compañía.
El grupo defiende que las acciones de España contra su filial española y el proyecto de Salamanca “han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)” y, como parte de su solicitud de arbitraje, solicitó una compensación preliminar del orden de 1.000 millones de dólares (921 millones de euros), en la que podría ser la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno.
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