La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en la Moncloa, a 1 de febrero de 2022, en Madrid (España). El Consejo de - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press
Es más, ha defendido que esa nueva figura también contemple el agravante cuando esa práctica se acometa por parte de empresas que operen en sectores estratégicos del país.
“Mandaríamos el mensaje correcto de que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general y que vamos a proteger a la ciudadanía cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles”, ha explicado durante su intervención en la mesa redonda ‘De la pandemia a la guerra de Ucrania: democracia, derechos y paz’, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, recoge Europa Press.
La semana pasada el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya abogó por poner en marcha mecanismos para controlar y sancionar si las grandes empresas energéticas y financieras trasladan el coste de los nuevos impuestos a sus clientes.
“Vamos a meter cláusulas para que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) pueda vigilar y sancionar si trasladan este impuesto a los precios y les pueda sancionar”, aseguró entonces.
Por su parte, Belarra ha defendido que hay que ser “firmes” ante aquellos que atenten contra el interés general, dado que el Ejecutivo ya ha demostrado de forma “inequívoca” su capacidad de proteger a la ciudadanía con los sucesivos escudos sociales en pandemia y ante la crisis por la guerra de Ucrania.
Y es que, a su juicio, el Ejecutivo “no puede flaquear” y debe mostrar “mano dura” en un momento donde las compañías energéticas están “amenazando a la ciudadanía y a los gobiernos diciendo que si hay nuevos impuestos se repercutirá” en los consumidores.
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