Banca

BBVA recurre ante el Supremo las condiciones del Gobierno a su OPA sobre el Sabadell

La oferta pública de adquisición lanzada por la entidad de Carlos Torres sobre Banco Sabadell llega a los tribunales.

Ciudad BBVA
Ciudad del BBVA.

La OPA del BBVA al Sabadell llega a los tribunales. La entidad presidida por Carlos Torres ha recurrido ante el Supremo la condición que impuso el Gobierno para aprobar la oferta pública de adquisición sobre Banco Sabadell. El Consejo de Ministros autorizó a finales de junio la OPA, aunque con condiciones. En concreto, el Ejecutivo de coalición obliga a mantener ambos bancos separados durante tres años, extensible a cinco.

El BBVA presentó este recurso el pasado 15 de julio, tres semanas después de que el Gobierno anunciara la condición de la operación, según ha adelantando El Español y han confirmado fuentes de la entidad a Europa Press.

El pasado mes de julio el Consejo de Ministros, además de confirmar los compromisos establecidos por Competencia, daba luz verde a la OPA con la condición de que, “durante los tres próximos años,” ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonios separados.

Según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la habitual comparecencia tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo de coalición también condicionó la operación de concentración a que los dos bancos tengan “autonomía en la gestión de su actividad”.  De esta manera, impone al BBVA que Sabadell sea un banco separado durante los citados tres años.

“Preservar la autonomía”

Cada entidad “deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad orientada al mantenimiento de los criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, que fundamentan la decisión del Consejo de Ministros”, apuntaban desde Economía.

“Estos criterios encuentran arraigo en la Constitución Española, se encuentran promulgadas por distintas normas del ordenamiento jurídico y están avaladas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, defendían desde la cartera de Cuerpo.

Estos criterios pasan por la “garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial”. También, por la “protección de los trabajadores”, la “cohesión territorial”, los “objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible” y la “promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico”.

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