Según han informado fuentes de la Presidencia de la Cámara, Batet ha comunicado a Rodríguez el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.
El Supremo condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.
Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción –que además el diputado condenado ya ha pagado– es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales.
De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado ‘morado’ perdiera el escaño, no llegó «a nacer en ningún momento» al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.
La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, se apoyaron para mantener en su escaño a Rodríguez. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no «interpretarla».
Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.
Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al Alto Tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella era la competente para dar respuesta al oficio.
La contestación a esa solicitud tardó apenas unas horas. Este mismo viernes, Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria «obligada» y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.
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