José Sevilla, consejero delegado de Bankia
El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha reconocido hoy que el fuerte castigo en Bolsa que está recibiendo este año tanto la acción del banco como el conjunto del sector complica el proceso de privatización, que en principio debería estar finalizado en poco más de un año -diciembre de 2019-.
“Estamos en un año difícil para las acciones bancarias y es verdad que no es el mejor timing para el proceso de privatización”, ha reflexionado Sevilla en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados. “Habrá que esperar”, se ha resignado el banquero, que considera que “la estrategia de esperar a que mejore el precio tiene sentido”.
Bankia, controlada todavía en más de un 60% por el Estado, debe estar privatizada antes del cierre de 2019, si bien está en manos del Gobierno aprobar una prórroga, como ya hizo el anterior Ejecutivo cuando era ministro de Economía Luis de Guindos. “Es el Ministerio el que lo tiene que valorar”, ha aclarado Sevilla: “Es el accionista el que debe valorarlo, nosotros trabajamos para aumentar el valor del banco”.
El banco alcanzó en los nueve primeros meses de 2018 un beneficio neto atribuido de 744 millones de euros, un aumento del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las ganancias del tercer trimestre estanco ascendieron a 229 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Tras presentar estas cuentas, las acciones de Bankia se desplomaban en la Bolsa española un 5,5% hasta marcar 2,64 euros a media mañana.
El rescate de Bankia, a través de diferentes tramos, ascendió a 22.424 millones de euros. De ellos, de momento se han recuperado 2.863 millones a través de un proceso de privatización que arrancó en febrero de 2014, pero que se ha visto detenido por el difícil entorno de los mercados en los últimos años.
El impuesto de las hipotecas ha sido otro de los asuntos recurrentes durante su rueda de prensa. Sevilla considera “difícil de prever” la repercusión que tendrá la sentencia del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), el que se paga cuando se formaliza la hipoteca. Hasta ahora, eran los clientes los que abonaban este gravamen, pero el alto tribunal ha cambiado su doctrina estableciendo que son los bancos los que deben pagarlo. La decisión final se conocerá el 5 de noviembre, y en el caso de confirmarse este cambio de doctrina, Sevilla ha reflexionado que la repercusión en el precio de las hipotecas “dependerá mucho de la competencia, que es bastante intensa”.
El banquero ha aclarado que en Bankia “no contemplamos” un escenario en el que se plantee la retroactividad, que a su juicio supondría una “penalización” injustificada. “Los bancos y los clientes hemos hecho lo que marcaba la ley”, ha explicado, por lo que “si se decidiera cambiar esta práctica, lo normal sería que cambiara hacia adelante, sin efecto hacia atrás”.
Sevilla ha aprovechado además para hacer un alegato a favor del sistema hipotecario español, “que ha dado acceso a la inmensa mayoría de la sociedad española”, y lo ha hecho “con los costes más bajos de Europa”. “Una familia ha pagado año a año una cantidad inferior a la que habría pagado en Italia o Alemania, y esto es importante protegerlo y mantenerlo de cara al futuro”. En ese sentido, el consejero delegado ha pedido que la nueva Ley Hipotecaria que se tramita en el Congreso sea “clara, nítida y transparente”.
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