Emilio Saracho y Pedro Larena
Justo cuando queda visto para sentencia el juicio por la salida a bolsa de Bankia arranca en la Audiencia Nacional otro caso relacionado con el sector financiero que hará correr ríos de tinta: el juicio de Banco Popular. Unos 300.000 inversores perdieron todo su dinero cuando en junio de 2017 la entidad fue intervenida por las autoridades europeas y vendida por el precio simbólico de un euro al Santander.
Mañana empiezan las declaraciones de los investigados por las irregularidades que llevaron a la quiebra del Banco Popular, siendo el primero en comparecer, hasta el jueves, el presidente de la entidad en el periodo del 21 de diciembre de 2016 al 7 de junio de 2017, Emilio Saracho. Hasta el 30 de octubre no está previsto que su predecesor en el cargo, Ángel Ron, comparezca ante el juez José Luis Calama.
La asociación de usuarios financieros Asufin recuerda que ya en junio de 2017 presentó la primera querella contra los consejeros de Banco Popular y PwC -su auditora- por fraude y falsedad de las cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.
Las investigaciones que llevaron a cabo los peritos de Asufin para la elaboración de la querella llevaron a determinar, para el caso de fraude, “omisiones muy relevantes” en la información facilitada a la CNMV sobre la verdadera situación del Banco Popular. Con relación a la administración desleal, la asociación señala que entre los años 2015 y 2016 las retribuciones de los consejeros aumentaron un 326%, con un incremento de gasto de 5.285 millones a 22.540 millones.
A este respecto Asufin recuerda que hace unas pocas semanas ya se conoció la sentencia del primer pleito que enfrenta a Santander con el presidente del Popular, de 2006 a 2016, Ángel Ron, que obliga a este último a devolver la indemnización por prejubilación cobrada de 12,8 millones que preveían los estatutos de la entidad, debido a las millonarias pérdidas de Popular en 2016.
Por lo que se refiere al delito contra la Hacienda Pública, los peritos de Asufin denuncian la constitución y el mantenimiento de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán durante 16 años. Su fin sería la emisión de participaciones preferentes y con ella se evitaría declarar en su Impuesto de Sociedades los ingresos de esa suscripción.
La querella se formuló igualmente contra PwC al entender que tuvo una conducta “consentidora” o de “beneplácito” frente “a la deriva” que iba tomando la entidad. Para ASUFIN, la auditora contribuyó al perjuicio económico de los clientes del Popular al justificar con sus auditorías las acciones del banco.
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