Así lo ha comunicado la consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha apuntado que Baleares será la cuarta comunidad autónoma en interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Estatal de Vivienda, tras Madrid, Andalucía y País Vasco.
En concreto, el Govern ha iniciado los trámites para interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, por considerar que esta incluye varios artículos y disposiciones que en algunos de sus apartados invaden competencias en materia de vivienda exclusivas de la Comunidad.
Hay que recordar que el Govern tiene competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, apartado 3, del Estatut d’Autonomia, según Europa Press.
De acuerdo con los servicios jurídicos de la comunidad, una vez analizado el articulado de la Ley estatal de Vivienda se observa que determinados preceptos “desconocen el reparto competencial que realiza la Constitución española, sobrepasando la competencia estatal y se invade el ámbito propio de las comunidades autónomas”.
Así, se considera que preceptos de la Ley “exceden los títulos competenciales invocados por el legislador estatal, y dejan nulo o escaso margen para que las comunidades, y en concreto Baleares, puedan hacer uso de las competencias que sus respectivos estatutos de autonomía les otorgan de forma exclusiva”.
En concreto, la Abogacía de la comunidad ha identificado nueve artículos y cuatro disposiciones de la norma estatal que, en algunos de sus apartados, “vulneran el Estatut d’Autonomia”. Entre otros, inciden en las regulaciones de la vivienda protegida, el parque público de viviendas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento o las modificaciones de la Ley de enjuiciamiento civil.
Tal y como prevé la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, los órganos ejecutivos de las comunidades están legitimados para ejercer el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía.
Coincidiendo con el anuncio de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Estatal de Vivienda en el Tribunal Constitucional, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal ha avanzado que el Govern “trabaja en la redacción de una nueva Ley de Vivienda” para Baleares.
El objetivo, según ha explicado, “es regular las competencias autonómicas a través de una Proposición de Ley”. Pues, ha añadido, “aunque no podemos no aplicar la Ley Estatal de Vivienda, nosotros vamos a ejercer nuestras competencias y para ello tenemos que acelerar nuestra propia ley”.
Y, finalmente, ha subrayado, “en caso que al regular competencias autonómicas, el Estado considerara que se está haciendo mal o que se está yendo en contra de la normativa estatal, pues habrá una Comisión Bilateral, como es habitual, y nos sentaremos y hablaremos de las competencias pero nosotros no vamos a limitar, en absoluto, el ejercicio de la competencia autonómica en materia de vivienda”.
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