Así lo recoge el reciente borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que, según publica El País, incluye como infracciones “graves” los escraches o manifestarse sin autorización para impedir otra actividad. El castigo puede llegar hasta los 100.000 euros.
Entre las infracciones “muy graves”, que acarrearían multas de entre 100.000 y un millón de euros, hay conductas como “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”. Por su parte, entre las faltas “leves”, penadas con hasta 15.000 euros, está poner una pancarta no autorizada.
Tal y como recoge el mencionado diario, en el apartado de faltas muy graves, se castiga hasta con un millón de euros “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario”. También, “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”.
Además, penadas con entre 100.000 euros y un millón, se incluye empezar las clases un centro de educación superior sin autorización, publicidad engañosa sobre el permiso para impartir clase, falsificar documentación para poder acceder a un estudio superior, impedir “la acción legítima” de las fuerzas y cuerpos del Estado o unas elecciones o permitir la celebración de un “referéndum ilegal”.
Respuesta de la Comunidad de Madrid
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha denunciado que se trata de un artículo “manipulando hasta la falsedad el contenido del régimen sancionador” del borrador de la mencionada ley. Según señala en un vídeo en las redes sociales, se trata de un régimen sancionado “anunciado y debatido desde 2024 y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces”.
Además, “no se contraviene ninguna norma estatal”, sino que “lo que protege la ley” autonómica “es la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación y de cátedra”. “No solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas”, ha afirmado.
Respecto a los “casos más graves”, el titular de esta cartera ha manifestado que “se reservan para centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa y se sanciona la censura, la discriminación por raza, sexo o religión o cualquier otra vulneración de los derechos fundamentales”. Todo, sin citar lo relativo a las manifestaciones no autorizadas o poner pancartas sin permiso.
Dicho esto, arremete contra El País por dedicar su portada a este asunto “el día después de que la UCO haya registrado la casa de Ábalos, de que el fiscal general haya sido procesado y de que sepamos del pacto de Sánchez con los nacionalistas para ir contra la universidad privada”.
