“La Comunidad de Madrid recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden de la ministra de Sanidad, Mónica García, a principios de año, y que estableció medidas por el incremento de infecciones respiratorias agudas, entre ellas la obligatoriedad del uso de mascarillas en recintos sanitarios asistenciales (hospitales y centros de Atención Primaria)”.
Así lo ha avanzado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, quien ha encargado a la Abogacía General del Ejecutivo autonómico trabajar para interponer un recurso contencioso administrativo.
La decisión coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), de la orden de la Consejería de Sanidad con la que entra en vigor la rebaja a “recomendable” del uso de la mascarilla en los hospitales y centros de salud. “La medida se adopta por la mejora en la región, y por segunda semana consecutiva, de los datos de incidencia de la gripe, Covid y otras enfermedades respiratorias”, detalla la Puerta del Sol en una nota.
Madrid critica la falta de acuerdo con las CCAA y niega la urgencia
El Gobierno de Ayuso defiende su recurso “por dos razones”. En primer lugar, explica, “entiende que el Gobierno central tomó su iniciativa sin el necesario acuerdo de las comunidades, integrantes también del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)”. “Esto no ocurrió ni en las fases más duras de la pandemia del Covid-19 y es un requisito que exige la Ley estatal 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”, critica.
Por otra parte, el Ejecutivo regional considera que “la situación de urgente necesidad que alegó el Ministerio de Sanidad no existía” y afirma que “la propia orden no hace referencia a una situación epidemiológica distinta en lo referente a infecciones respiratorias agudas a las de años anteriores, ni en mortalidad ni en ingresos hospitalarios”.
Además, “Madrid considera que, si la situación hubiera sido de este alarmante calibre, la orden se podría haber dictado el mismo día 4 de enero”. La Comunidad sostiene que “esa calificación sólo actúa para justificar una medida de tal magnitud sin contar con los consejeros de Sanidad de las respectivas” autonomías.