El Consejo de Gobierno madrileño recibe este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, además, “limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución”.
El recurso, explican desde la Puerta del Sol, sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades “la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica”. Sin embargo, denuncia el Gobierno de Ayuso, este Real Decreto “supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta”.
La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera “arbitrario”, y que “en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas”. Asimismo, el proyecto ha sido tramitado, critica, “con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas”.
El procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece “controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados”, defiende la Puerta del Sol. Además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia “en la que está trabajando la Consejería de Educación incorporará mejoras a estos trámites siempre en el marco de las competencias regionales”.
