El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha sido el encargado de anunciar este nuevo recurso, el tercero, tras los dos anteriores presentados por el Ejecutivo regional. El primero, detallan desde la Puerta del Sol en una nota, contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo, y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.
“El primero fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 CCAA ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”, afirma el Gobierno de Ayuso.
Respecto al segundo, lo presentó Madrid en solitario el pasado 30 de julio ante el Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio “que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias, y cuyo informe de la Abogacía General de la Comunidad ha sido remitido hoy al Consejo de Gobierno madrileño”.
Más allá de esta batalla judicial, el Ejecutivo autonómico ha exigido al Gobierno la “remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo arbitrario, opaco y discriminatorio”.
