Ayuso ignora al Gobierno y deja en manos de los tribunales el registro de objetores del aborto

“Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie”, afirma la consejera de Sanidad madrileña.

Isabel Díaz Ayuso hablando sobre el aborto en Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. (Foto: Comunidad de Madrid)

Nuevo choque de la Comunidad de Madrid con el Gobierno. Esta vez, por el registro de médicos objetores del aborto. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se declara en rebeldía y no lo creará. “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer”, ha anunciado la consejera de Sanidad madrileña.

Fátima Matute ha explicado este viernes que el Gobierno regional defenderá, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

“Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie”, ha recalcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios durante una visita las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes, recoge Europa Press.

Desde la Comunidad de Madrid se ha rechazo crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, exigido por la ley estatal de 2023. El Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir con el registro de objetores, “una obligación legal”.

El Ejecutivo central les da un mes para responder al requerimiento o tomar medidas para cumplir la ley, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales.

La consejera madrileña ha recalcado que en la Comunidad de Madrid “no se va a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto”. “Creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente”, ha defendido, según la citada agencia.

Tras el requerimiento y el mes para que estas comunidades justificasen su situación, el Ministerio de Sanidad tiene dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley, según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.

 

 

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bce
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