Se trata, concretamente, de la supresión del impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y del impuesto sobre Depósito de Residuos.
Así lo ha anunciado la propia dirigente autonómica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha acordado iniciar la tramitación de la Ley de supresión de estos impuestos, que tendrá que ser aprobada posteriormente en la Asamblea de Madrid. «Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma de régimen común sin tributos propios», ha subrayado Ayuso.
Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, en la Comunidad de Madrid, la recaudación por estos impuestos apenas supone el 0,02% del total, es decir, 0,7 euros por habitante frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente. En 2020, la tributación total por ambos impuestos fue de 3,4 millones de euros.
El impuesto sobre las máquinas en locales de hostelería autorizados grava la instalación de máquinas recreativas, con o sin premio, en este tipo de establecimientos. Se trata de un impuesto que para el Gobierno de la Comunidad ha quedado obsoleto tras la creación del impuesto estatal sobre el juego.
Actualmente, la Comunidad de Madrid es la única región que tiene un impuesto de estas características, siendo su recaudación residual ya que el grueso de la tributación se queda en la tasa fiscal sobre el juego. Así, en 2020, se tributó 1,2 millones de euros por el impuesto propio mientras que por la tasa fiscal se recaudó 144,6 millones.
Por su parte, el impuesto sobre depósito de residuos, destinado a la protección del medio ambiente, quedará solapado por el impuesto estatal que va a poner en marcha el Gobierno de España. En 2020, la recaudación en la Comunidad de Madrid por el tributo propio fue de 2,2 millones.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid cuenta con un recargo del 0% sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde el año 2009. Este impuesto grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional. La gestión es compartida entre el Estado y las comunidades.
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