La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto del PP.
Con su asistencia al acto, la presidenta regional quiere además mostrar su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante una reforma de la ley que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que desde los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil ven como una amenaza al principio de autoridad de estos Cuerpos.
Ayuso se ha reunido este viernes en la Real Casa de Correos con representantes de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil para mostrar su «reconocimiento y apoyo» a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana planteados por el Gobierno central «socavan el Estado de Derecho, la protección del más débil y el principio de autoridad».
Los partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, en las que, entre otras cuestiones, se propone la obligación de los agentes de avisar «de manera verbal claramente audible» antes de intervenir para disolver concentraciones.
Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el «último recurso» en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios «menos lesivos» que causen «lesiones irreversibles», aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.
Unas medidas que han sido acogidas con beligerancia por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que creen que esta reforma «destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social». Tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha anunciado la convocatoria de una «gran manifestación en unión con todos los cuerpos policiales de España» en contra de la reforma, que se ha fijado para el próximo día 27.
Un rechazo que también comparten AUGC y SUP, organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han emitido un comunicado conjunto anunciando un «frente común» contra la reforma, mientras que la CEP ha rechazado la tramitación «a espaldas» de los policías de las enmiendas.
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