Ayuso abre un nuevo frente al Gobierno y lleva al Supremo el reparto de fondos europeos

Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio y Javier Fernández-Lasquetty

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al consejero de Educación y portavoz regional, Enrique Ossorio, y el titular de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. (Autor: Comunidad de Madrid)

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Nuevo frente judicial de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno. En este caso, ante el Tribunal Supremo a cuenta del reparto de fondos europeos por el Covid-19 a cuatro autonomías. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reclama que se anule la concesión de nueve millones de euros que ha realizado el Ministerio de Trabajo para País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana para subvenciones de empleo. Algo que, denuncia, se ha hecho “de manera arbitraria”.

Tal y como ha explicado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad, el departamento de Yolanda Díaz realizó una distribución de fondos europeos en la conferencia sectorial correspondiente, cuya orden se publicó el 24 de agosto con la cantidad que iba a gestionar cada una de las autonomías.

“Nuestra sorpresa”, afirma el consejero, “llega cuando en octubre el Consejo de Ministros por Real Decreto le asigna una subvención directa de nueve millones al País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana”. Y todo, denuncia, “al margen del reparto que ya se había aprobado”.

Ante esto, el responsable de Economía madrileño escribió a finales de octubre al respecto a la ministra Yolanda Díaz. Tras no obtener respuesta, ha asegurado, el Ejecutivo regional ha decidido dar este paso. “Nos parece muy inaceptable, intolerable”, critica Lasquetty, que denuncia la falta de explicaciones. Madrid quiere saber por qué se han concedido estos millones y los motivos por los que se han quedado fuera otras autonomías, incluida ella.

Para el consejero los fondos europeos están “teledirigidos” y “atomizados” y la decisión relativa a las mencionadas comunidades se ha producido sin ningún tipo de justificación y vulnerando el reparto competencial.

En el recurso ante el Supremo la Comunidad de Madrid pide la anulación de este reparto de dinero.