Banco de España
La mayor parte de las administraciones públicas continúa presentando todavía plazos de pago a sus proveedores “superiores” a los que contempla la ley, y “con desviaciones significativas en el caso de algunas corporaciones locales de menor tamaño”. Así lo señala el Banco de España en un análisis económico en el que avisa de que se pone en riesgo especialmente a las pymes.
Desde un punto de vista económico, una cuantía elevada de deuda comercial, junto con un retraso elevado en el período medio de pago, “puede acarrear consecuencias negativas sobre las empresas proveedoras, especialmente en momentos de restricción crediticia como las experimentadas durante la última crisis”. Ello es, si cabe, “más relevante aún en el caso de España”, debido a que la mayor parte del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas, que se enfrentan a “mayores dificultades de financiación”.
Así, un retraso en el pago por parte de las administraciones públicas puede suponer que la empresa tenga que “ajustar su estrategia de producción y retrasar las decisiones de inversión y contratación”. “Si, finalmente, la administración acaba no resarciendo sus facturas pendientes, el impacto podría ser aún más significativo, dependiendo de la estructura y la magnitud de los créditos comerciales, y llegar incluso a poner en peligro su viabilidad”, advierte el Banco de España. “El efecto agregado podría verse aumentado si la quiebra de una empresa comportara el cierre de otras dependientes de la misma”.
La administración central alcanzó su máximo período medio de pago en agosto de 2017, con una desviación de cerca de 50 días sobre el límite legal, y lo redujo hasta 17 días en septiembre de 2018. Las comunidades autónomas también lo han disminuido significativamente, desde el máximo de noviembre de 2015, con más de 60 días de retraso, hasta solo 9 días de retraso en septiembre de 2018.
Por último, los ayuntamientos, en su conjunto, han sido los únicos que han aumentado su período medio de pago desde septiembre de 2014, alcanzando su máximo en marzo de 2018, con cerca de 68 días de retraso, si bien en septiembre de este año se habría reducido a unos 33 días.
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