Sede de la OCDE
Así se desprende del informe ‘Estudio económico de la Unión Europea y la eurozona’, publicado este viernes por el club de países. El documento también alerta de que aunque la recuperación está en marcha, los países no deben pensar en retirar estímulos de forma prematura para evitar consecuencias negativas a nivel económico y fiscal.
«El marco fiscal europeo mostró limitaciones en el pasado y hay razones para creer que su aplicación podría afrontar nuevos desafíos después de la actual crisis», ha alertado la OCDE.
El organismo que dirige el australiano Mathias Cormann considera que Bruselas debería evaluar sus reglas fiscales para mejorarlas, ya que en el pasado no evitaron una política fiscal procíclica y se han vuelto «demasiado complejas».
La OCDE explica en el informe que el proceso de vigilancia de desequilibrios fiscales se ha vuelto «cada vez más intrincado y contencioso», lo que ha generado desafección entre los Estados miembros. Además, según el club de países, las exigencias de consolidación a menudo se producen a costa de reducir la inversión pública y las reglas fiscales hasta la fecha no han sido capaces de hacer que los países construyan unos colchones fiscales lo suficientemente abundantes en tiempos de bonanza.
«En los próximos años, el cumplimiento de la regla de reducción de deuda requeriría grandes esfuerzos de consolidación en muchos países del área del euro, con el riesgo de afectar negativamente a la recuperación», ha insistido la OCDE.
El grupo de países pone de ejemplo un hipotético país europeo con una ratio de deuda sobre PIB cercana al 130% (España registró una ratio del 122% al cierre del segundo trimestre).
En caso de que se aplicaran las reglas fiscales actuales sobre ese país, sería necesario que redujera la ratio en 3,5 puntos porcentuales al año. Bajo un crecimiento nominal del 3%, eso obligaría a un presupuesto equilibrado (sin déficit) y, por tanto, un gran esfuerzo de consolidación que podría llevar al país a la recesión.
Las reglas fiscales de la UE, conocidas formalmente como Pacto de Estabilidad y Crecimiento, quedaron anuladas en 2020 de forma temporal para que los Estados pudieran hacer frente a las necesidades fiscales extraordinarias de la pandemia sin las limitaciones que imponía ese marco de normas.
Las reglas se han mantenido en suspenso para 2021 y está previsto que también se anule para 2022. No obstante, antes del verano la Comisión Europea ya barajó la posibilidad de que se reactiven a partir de 2023, que será la fecha prevista en la que todas las economías europeas recuperen su nivel de PIB anterior a la crisis.
A finales de agosto, el Banco de España abogó por la necesidad «de un cambio de paradigma» en el diseño del marco de política fiscal de la Unión Europea, considerando que se debería incorporar una gobernanza mejorada de las reglas fiscales, que deberían ser «más simples, operativas y creíbles que las actuales».
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