El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes el polémico decreto ley para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). La nueva legislación dará potestad a las autonomías y los ayuntamientos para limitar las licencias que usan Uber y Cabify, sin embargo, ofrece una moratoria de cuatro años para adaptarse a las nuevas medidas, por lo que hasta entonces, estas empresas podrán seguir operando como hasta ahora.
Una vez finalizado este plazo, las licencias de VTC que existen en España, actualmente unas 11.200, tan solo permitirán realizar servicios de transporte interurbanos. Es decir, los vehículos que cuentan con estas autorizaciones perderán finalizado el período de adaptación la capacidad de ofrecer su actividad dentro de las ciudades, donde compiten con el gremio del taxi.
A partir de entonces, serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos las que decidan otorgar a los coches que así lo deseen las licencias urbanas necesarias para poder circular dentro de las ciudades. Establecerán el ratio de licencias VTC frente a las de taxi, y regularán también otros aspectos de estas actividades “en su calidad de transporte urbano” como el precio o modo de captación de clientes permitido.
Las medidas suponen no han satisfecho a ninguna de las partes de esta guerra. Los taxis han conseguido que se imponga la doble licencia, pero no se pondrá en marcha hasta dentro de cuatro años; mientras que las VTC podrían perder autorizaciones para realizar su actividad en las ciudades, pero, de momento, pueden operar como lo han hecho hasta ahora.
Esta moratoria de cuatro años pretende evitar que las empresas VTC puedan exigir responsabilidad patrimonial a la administración, sorteando uno de los principales inconvenientes de poner en vigor la nueva regulación inmediatamente. Si se hiciera de esa forma, el Gobierno debía asumir el coste de indemnizar a quienes ya se les habían concedido las licencias con las legislaciones anteriores.
