De este modo, el Informe anual sobre violencia de género hecho público este jueves por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela que todos los indicadores de la violencia machista experimentaron durante el segundo trimestre de 2022 un aumento con respecto al mismo periodo del año anterior.
En el caso de las denuncias por violencia de género, entre los meses de enero y marzo se registraron un total de 45.753, un 12,33% más que hace un año (con 40.721). En torno a siete de cada diez denuncias (71,19%) fueron presentadas por las víctimas, bien en el juzgado o en comisaría; las denuncias presentadas por los familiares (808) volvieron a representar un porcentaje muy bajo (1,77%) con respecto al total.
Durante el trimestre analizado, recoge Europa Press, las denuncias presentadas por los servicios asistenciales y terceros en general experimentaron un nuevo incremento al pasar de las 1.299 de hace un año a 1.766 y representan casi un cuatro por ciento (3,86%) del total. Las denuncias por intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado (7.162) fueron el 15,66% del total, un leve aumento respecto al mismo trimestre del año anterior (14,55%).
Mientras, las mujeres víctimas de violencia machista ascendieron a 44.543, un aumento del 10,89% respecto al mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 40.168. El porcentaje de mujeres víctimas de nacionalidad española se mantiene constante desde hace años. Entre abril y junio, las que tenían esta nacionalidad fueron el 65,98 por ciento del total de víctimas del trimestre.
Estos datos se traducen en un aumento de la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres registrada en toda España, que ha pasado de 16,6 en el segundo trimestre de 2021 a 18,4 (1,8 puntos más). Por encima de la media nacional se sitúan Murcia (28,5), Baleares (27,6), Comunidad Valenciana (24,2), Canarias (21,5), Andalucía (21,3) y Madrid (19,6). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (17,4), Extremadura (16,4), Castilla-La Mancha (15,6), Navarra (14,9), Asturias (14,7), Aragón (14,6), Cataluña (14,4), La Rioja (14), País Vasco y Galicia (13) y Castilla y León (11,6).
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, ha expresado su preocupación ante el aumento del número de víctimas, que se “sitúan en cifras más altas que las que se registraron antes de la irrupción del COVID-19” y alerta de que “la violencia de género se mantiene como un problema de primer orden” en España por lo que pide a las instituciones implicadas “no bajar la guardia”.
El documento recoge también la evolución al alza de las órdenes de protección acordadas por los órganos judiciales durante el trimestre analizado, en total 8.662, lo que supone un 8,7% más que hace un año, así como del porcentaje de sentencias condenatorias, que alcanzó el 76,84% del total de dictadas frente al 75,22% registrado en el segundo trimestre de 2021.
Por otro lado, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio se adoptaron por los órganos judiciales 1.193 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 329% más que hace un año, cuando este tipo de medidas sumaron 278. Con respecto al primer trimestre de 2022, el aumento ha sido del 43,2 por ciento.
Estos datos reflejan que el segundo trimestre de 2022 volvió a mostrar el efecto de las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en la adopción por los juzgados de violencia sobre la mujer de medidas civiles para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, según el CGPJ.
Mínimo histórico de víctimas que no declaran contra su agresor
En el periodo analizado, 4.167 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, algo más de nueve víctimas de cada cien (9,36). Estas cifras suponen un mínimo histórico y se sitúan por debajo de las registradas hace un año, cuando fueron 4.231 (10,53%) las víctimas que se negaron a prestar declaración contra su agresor.
La tendencia a la baja se mantiene por segundo año consecutivo tras la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado. Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa, 2.409 eran españolas y 1.758 eran de otras nacionalidades.
Entre los meses de abril y junio, se incoaron por los órganos judiciales un total de 12.502 órdenes de protección. De ellas, 10.584 fueron solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y 1.918, ante los juzgados de guardia.
