ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler) ha lanzado hoy duras críticas contra las medidas impuestas por la Generalitat, al considerar que van en contra de del sector privado. En un comunicado, la asociación afirma que los propietarios están sufriendo las consecuencias de algo que debería asumir la Administración.
Con este decreto se paralizan todos los lanzamientos judiciales de todos los colectivos vulnerables mientras dure el estado de alarma y las restricciones de movilidad por motivos de salud.
ASVAL cree que las medidas que recoge el decreto van en contra del desarrollo del mercado del alquiler en Cataluña por diversos motivos. Entre ellos porque ataca a la propiedad privada, socavando los derechos de los propietarios, que en este caso son los grandes tenedores.
La asociación muestra también su preocupación porque dichas prohibiciones de desahucios inciten a los inquilinos con mayores dificultades económicas a no pagar sus rentas, en lugar de solicitar alguna ayuda económica.
“Estas medidas provocan también más inseguridad jurídica, que tendrá efectos directos y perjudiciales para el desarrollo de un mercado de alquiler de mayor calidad”, afirma ASVAL, quien añade también que en la actual crisis que vive nuestro país, resulta de vital importancia atraer inversión, tanto nacional como extranjera, algo que estas medidas alejan, promoviendo «la ocupación ilegal, morosidad y la estigmatización de los grandes inversores en vivienda».
Por otro lado, recalcan que la Generalitat no tiene competencias para legislar en materia de desahucios de alquiler. Por ello, estas normas provocarán todavía más conflicto entre la Comunidad Autónoma y el Estado.
ASVAL afirma que el decreto tampoco ataca al problema de raíz, es decir, la falta de oferta. “El gran problema de España es que no hay una política de vivienda pública y asequible, lo que hace que se necesiten más ayudas públicas para los colectivos más vulnerables”, dicen. Desde ASVAL ven como una solución a través de la creación de un fondo europeo que permita a más de 300.000 familias a reducir su tasa de esfuerzo de pago de alquiler en un 50%.
Además, apuntan que “no es el sector privado quien debe de resolver los problemas de vivienda que sufre la sociedad, esto es competencia de la Administración, quien debería apostar por una política de vivienda social”.
Esta nueva prohibición, como afirma ASVAL, se suma a otras leyes que «desestabilizan al sector, ya que no ofrecen soluciones estructurales, ni benefician a inquilinos ni propietarios».
