Asturias, Cantabria y Murcia son las comunidades autónomas que, a nivel documental vigente en 2017, muestran el compromiso en políticas sociales más bajo de España.
Así lo refleja el libro ‘Riesgo de exclusión y políticas sociales autonómicas en España’, presentado este viernes 24 de enero en el Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid, en el que han participado 34 profesionales, entre investigadores de catorce universidades y técnicos de diferentes administraciones autonómicas.
El estudio, que evalúa las desigualdades territoriales de las comunidades autónomas, aborda aspectos demográficos, económicos y sociales para analizar siete dimensiones del riesgo social de la población: ingresos, empleo, educación, vivienda, salud, red sociofamiliar y participación.
En concreto, la investigación señala que Asturias ha obtenido una puntuación media de 4 sobre 10 en compromiso documental en las siete dimensiones analizadas; Cantabria un 4,6; y Murcia un 5,2.
Por el contrario, las comunidades autónomas que tienen un mayor compromiso político a nivel documental son Andalucía, con una valoración de 8,5; Castilla y León, 7,4; y Cataluña, 7,3. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha obtenido una calificación media de 5,6.
Además, el estudio ha incluido en su ranking a las ciudades autónomas de Ceuta, que ha obtenido una valoración de 2,9 en su compromiso documental; y Melilla, con un 4,3.
El director de la publicación, Manuel Hernández, ha destacado durante la presentación del estudio que ninguna comunidad autónoma tiene todos los documentos vigentes en 2018.
«Que haya tanta distancia entre una comunidad y otra no puede ser positivo. Puede afectar incluso a la movilidad dentro del propio país y a la discriminación», ha lamentado el investigador.
El experto ha asegurado que «no siempre» existe una correlación entre el nivel de gasto y el nivel de exclusión de las comunidades autónomas. Así, ha destacado que en Extremadura hay un «alto gasto y un alto nivel de exclusión» y que en Baleares hay «menor gasto social y nivel medio de exclusión».
En cuanto a los indicadores de Protección y Promoción Social y Tasa AROPE, Hernández ha subrayado que ambos indicadores reducen su brecha autonómica en el periodo 2008-2017, aunque se mantienen grandes diferencias entre comunidades autónomas.
PAÍS VASCO, LA QUE MÁS GASTA EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
Respecto al gasto en sanidad, las comunidades que más gastan son el País Vasco, con 1.650 euros por habitante en 2017; Asturias, con 1.623 euros; y Navarra, con 1.615 euros. Por el contrario, las que menos gastaron en sanidad fueron Andalucía, con 1.099 euros; Madrid, con 1.169 euros; y Cataluña, con 1.185 euros.
La investigación también refleja que las comunidades que más gastaron en educación en el año 2017 fueron el País Vasco (1.256 euros), Navarra (1.005 euros) y Extremadura (947 euros); y las que menos fueron Madrid (680 euros), Canarias (719 euros) y Asturias (726 euros).
En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta gastó 1.404 euros por habitante en 2017 en sanidad y 971 euros en educación; y Melilla gastó 1.232 euros en sanidad y 910 euros en educación.
Según el estudio, las comunidades de Extremadura (38,8%), Andalucía (31%) y Canarias (30,5%), son las que presentaron una tasa de pobreza relativa más alta, mientras que Navarra (8,3%), País Vasco (9,7%) y La Rioja (9,7) presentaron las tasas más bajas.
En esta publicación, según ha explicado el experto, se constata que la crisis económica «amplía la brecha territorial» en los niveles de riesgo social, «acrecentándose las importantes distancias que ya
mantenían las autonomías en los años previos a la misma».
Igualmente, Hernández ha señalado que la respuesta institucional a la crisis, medida a través del compromiso político documental o del gasto social, «ha sido muy dispar a nivel territorial; manteniéndose, por ejemplo, una distancia de 1.218 euros por habitante entre el País Vasco y Madrid en 2017».
Ante estos datos, la publicación propone ampliar el marco básico común de protección social; revisar el modelo de financiación autonómico; mejorar la gestión de los recursos y fomentar la participación; fomentar la coordinación interterritorial; mejorar la calidad y cantidad de indicadores sociales; y avanzar en nuevas metodologías de análisis.
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