El calendario de movilizaciones ha sido adoptado por las cinco asociaciones de jueces y fiscales, afirman en un comunicado, después de consultar a sus bases que mayoritariamente han apoyado dichas protestas. Consideran que son unas “medidas legítimas, responsables y proporcionadas” frente a unas reformas legislativas que “comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal”.
La concentración del próximo sábado, 28 de junio, a las 12:30 horas será frente al Tribunal Supremo, situado en la Plaza de las Salesas de Madrid. La convocatoria está abierta “a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general”.
“Se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho”, aseguran dichas asociaciones.
En caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos, señalan desde la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se produciría una huelga de las carreras judicial y fiscal en toda España los días 1, 2 y 3 de julio.
Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y “en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos”, las asociaciones convocantes procederán a una “revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga”.
Retirada de las reformas
Las asociaciones de jueces y fiscales solicitan la retirada del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Consideran que la reforma contiene “medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho”.
Asimismo, tras analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, “con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos”, las asociaciones consideran que el mismo supone “una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas”. Sostienen que “se da incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”.
Por ello, piden la retirada de este anteproyecto, a fin de comenzar a construir un Estatuto que “dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal”.
