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Asociaciones de sanitarios ven en el proyecto de ley de Salud Pública un nuevo filón para las empresas privadas

Un comunicado conjunto de hasta cinco asociaciones de facultativos y enfermeros de la Comunidad de Madrid alerta sobre las posibles consecuencias de la nueva Ley de Salud Pública del Gobierno de Cristina Cifuentes. Señalan que desde hace una semana se viene anunciando a bombo y platillo una consulta pública a los colectivos interesados para la redacción de una ley final.

Pero desde esa fecha estas plataformas firmantes han realizado “una exhaustiva búsqueda en las webs, tanto en el Portal de Transparencia como en el de Participación de la Comunidad de Madrid , y hasta el día de hoy no hemos encontrado otra cosa que un panfleto publicitario, al que llaman memoria, en un rincón de dicha web y sin propuestas de borrador de un Proyecto de Ley de Salud Pública”, denuncian.

En efecto, la Consejería de Sanidad ha anunciado “un cambio de modelo en la gestión sanitaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, priorizando la prevención para que la mejora del estado de salud de la población repercuta en una descarga de la actividad asistencial» así como «fomentar la colaboración público privada.»

“La invitación a realizar propuestas de mejora u objeciones a este Proyecto de Ley tiene como único objetivo hacer creer que las propuestas ciudadanas se tienen en cuenta cuando es absolutamente falso”, denuncian los firmantes del comunicado en protesta. Las asociaciones inciden en “el enorme quebranto económico que ha supuesto para las arcas públicas la implementación de los diferentes modelos de gestión en diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid y la consiguiente descapitalización y descrédito de la Sanidad Pública”.

Entienden que, “una vez agotadas las posibilidades de ampliar beneficios por esta vía para las empresas del sector privado, Cristina Cifuentes busca nuevos nichos de mercado”: “Durante dos décadas el negocio se hallaba en torno a la enfermedad. Actualmente, sigue siendo así, pero las posibilidades de crecimiento ya no son las mismas”, denuncia la plataforma. Se refieren a la paralización judicial de determinadas privatizaciones, los procesos judiciales asociados o las comisiones de investigación por corrupción relacionada con la gestión sanitaria.

“Así que hay que dar una vuelta de tuerca más a lo público. Todo indica que el repentino interés en una Ley de Salud Pública, obedece a este nuevo giro estratégico. Abriría la puerta a nuevas vías de negocio en torno a la Prevención y la Promoción de la salud«, alertan los colectivos de trabajadores.

Competencias de los Ayuntamientos

Los firmantes creen que esta nueva norma podría dar pie que la administración regional asumiera competencias en Promoción de la Salud y Prevención que hasta ahora están en manos de los Ayuntamientos.

“Por todo ello, las asociaciones y sindicatos abajo firmantes exigimos la inmediata rectificación, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Sanidad, de todas estas noticias e informaciones falsas acerca de la transparencia y participación con que supuestamente se está llevando a cabo este presunto proyecto de Ley”, reclaman.

“Ningún proyecto de nueva colaboración público-privada (privatización de servicios sanitarios y/o no sanitarios) debe iniciarse en materia de Sanidad dentro de la Comunidad de Madrid sin haber quedado demostrado antes el uso al 100% de los recursos de la red sanitaria pública en una subcomisión de la Asamblea de Madrid”, exigen.

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E.B.

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