Según exponen en una nota, la reforma del Ejecutivo en este sentido recoge “medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial” y no contribuye “a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho”.
Tras analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, “con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos”, estas asociaciones concluyen que el mismo supone “una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”.
Por ello, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) piden la retirada de dicho anteproyecto. Y lo reclaman, “a fin de comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal”.
Convocatoria de los turnos libre y cuarto turno
Además, defienden que se realice “desde ya una amplísima” convocatoria de los turnos libre y cuarto turno, “sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad”.
“Con el fin puesto en estos objetivos”, las asociaciones firmantes acuerdan solicitar reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía Española, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones para “explicarles los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer”.
“En caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado”, advierten de que se comprometen a “impugnar judicialmente dicho proceso, asumiendo los costes de forma conjunta”.
Para terminar, anuncian la convocatoria de un paro de 10 minutos el día 11 de junio, a las 12:00 horas, a las puertas de las sedes judiciales, “a fin de que los miembros de las carrera judicial y fiscal visibilicen el descontento por tales proyectos y el apoyo a los objetivos referidos”.
