Palau de la Generalitat de Catalunya
Las cuentas de la Generalitat de Cataluña están oficialmente intervenidas por el Ministerio de Hacienda desde hace 24 horas. Ha pasado un día desde que el BOE publicó la ejecución del acuerdo de no disponibilidad por el que la financiación de la comunidad depende casi en exclusiva del Gobierno central. Una medida jamás vista en la historia reciente de la democracia y que supone la modificación en un sinfín de procesos, desde el pago de los salarios de los funcionarios hasta las dietas de los trabajadores en entidades públicas.
El control de las cuentas que de este jueves, y por un tiempo “indefinido”, realiza el Ministerio de Hacienda abarca diferentes áreas de la administración catalana.
Una especie de FLA
“Es como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) pero de mayor cuantía”. Así lo definen técnicos del departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat a EL BOLETÍN. Eso se traduce en que a mediados de cada mes, mientras dure esta medida, el Govern (a través de la Interventora General) enviará un archivo a Hacienda donde se incluirán todas las facturas por abonar.
Un archivo que reflejará los gastos correspondientes al sistema de financiación autonómica, y que Cristóbal Montoro abonará directamente a los proveedores, sin pasar ese dinero por la caja de la Generalitat. La cantidad aproximada es de 1.400 millones mensuales.
Además, Cataluña deberá emitir un certificado que especifique que ninguna de esas facturas está dirigida a la organización del referéndum del 1 de octubre.
Gastos propios justificados
La Generalitat recibe miles de millones (2.800 en 2016) procedente de los tributos propios. Esto es, impuestos que gestiona directamente la Hacienda catalana. El ministerio de Montoro ha establecido un control de gastos sobre todas los movimientos procedentes desde instituciones públicas de Cataluña.
Hacienda asegura que esta medida no solo se apoya en evitar el referéndum, sino también en aras de cumplir la ley de estabilidad presupuestaria. De hecho, Montoro utiliza el artículo 135 de la Constitución como justificación.
Para ello, exige a la Generalitat y a todas las entidades públicas de la Comunidad la emisión de un certificado que asegure que los gastos son acordes al “interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales”.
Para que no quede ningún cabo suelto, Hacienda ha pedido a los bancos que denuncien si detectan cualquier pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre o fuera del espíritu del acuerdo de no disponibilidad implantado desde este jueves.
Entidades ‘intervenidas’
Casi 300 sociedades e instituciones médicas, educativas, deportivas o culturales forman parte de una lista elaborada por el Ministerio de Hacienda donde señalan centenares de centros presuntamente susceptibles de financiar el referéndum.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy exige a todas estas instituciones (Desde el Museu Nacional d’Art de Catalunya a la Universidad Pompeu Fabra, pasando por el Circuit de Catalunya o la Biblioteca de Catalunya) justificar vía certificado sus gastos. Esto ralentiza cualquier pago ordinario (taxis, dietas), e incluso trabajadores de estas entidades denuncian tener la tarjeta de crédito bloqueada.
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