El expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs han admitido hoy que les será imposible afrontar, solo de su bolsillo, la fianza de 5,2 millones de euros que les impone el Tribunal de Cuentas por la consulta soberanista del 9N, en 2014. Han recurrido a pedir una caja de solidaridad para la causa independentista: “No puede ser que muy poquitos lo perdamos todo. Ayudar un poco es muy fácil. Hay una ola de solidaridad que agradecemos mucho”, ha manifestado el expresident en una entrevista conjunta en RAC-1.
Mas ha pedido así ayuda porque defiende que los nueve señalados por el 9-N por el fiscalizador no pueden «hacer frente a estas cantidades». No obstante, ha subrayado que «mucha gente ha tomado conciencia» de que estos acusados dieron «la cara» para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, por lo que «no tiene sentido que nueve lo perdamos todo» y que «el resto no haga un muy pequeño esfuerzo» para poder hacer frente a la fianza.
Mas ha animado a quienes participaron en el 9N a «ayudar un poco» con una aportación a la «caja de solidaridad» promovida por las entidades soberanistas para afrontar este tipo de pagos.
Y la receta ya va funcionando, según un comunicado de la ANC: esta asociación independentista y Òmnium han logrado recaudar por el momento cerca de dos millones de euros para las penas económicas que conlleve el independentismo en forma de acciones del Estado contra sus responsables.
Esta Caja de Solidaridad se ha construido a base de aportaciones personales con el fin de hacer frente a sanciones económicas derivadas del proceso independentista y está auditada externamente por los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert.
En la misma entrevista, Artur Mas ha afirmado que el Estado «ya ha perdido a Cataluña», acusando al Gobierno de amenazar y reprimir para evitar la celebración del referéndum del 1-O.
Para el exdirigente, la decisión de multar a los responsables de las consultas tiene como objetivo «destrozar a las personas y a sus familias» y se ha preguntado si España es un Estado de derecho o un Estado policial.
Por su parte, el exconseller de la Presidència Francesc Homs ha considerado un «despropósito» el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas, porque «es directamente ilegal, de una irregularidad absoluta».
Homs ha recalcado que «una cosa que fue juzgada no puede volver a juzgarse», por lo que a su juicio hay motivos «para poder actuar contra quienes están actuando de esta manera contra el Estado de derecho».
La exconsellera de Ensenyament Irene Rigau ha señalado que este proceso es un «escarmiento» para intentar disuadir a los impulsores de un referéndum el 1 de octubre, mientras que la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha denunciado la «indefensión absoluta» que siente ante el Tribunal de Cuentas.
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