El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que Ábalos, Koldo y Aldama “convinieron” aprovecharse del cargo del entonces ministro –desde junio de 2018– para “favorecer”, “a cambio del correspondiente beneficio económico” de los tres, la contratación con la Administración “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería” el empresario. Todo ello, a su juicio, con “ánimo de enriquecimiento”, recoge Europa Press.
En su escrito de acusación, Anticorrupción remarca que los tres “acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando”. Y destaca que eran “apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios” de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.
Para el fiscal la presunta organización nació “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”, ya que “estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida” de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.
Una “cohesión” que, según Luzón, “no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación” a Aldama de una “interlocución privilegiada” en sus relaciones con Transportes y “otros departamentos ministeriales”, así como con “diferentes administraciones públicas”.
La Fiscalía pide en su escrito de acusación 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Para Aldama, según la citada agencia, solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.
Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.
Desde el próximo 7 de abril hasta el 30 de ese mes, más de 70 personas comparecerán como testigos ante el tribunal, que estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
Entre esos testigos están el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que presidieron durante la pandemia comunidades autónomas –Canarias y Baleares, respectivamente– que compraron mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. En su caso, el tribunal ha autorizado que declaran por escrito, sin acudir presencialmente, como les permite la ley.
Los tres acusados declararán al final, previsiblemente el próximo 28 de abril. Para el primer día del juicio están previstos como testigos un hijo de Ábalos, un hermano de Koldo, varios socios de Aldama o una expareja del exministro, Jéssica Rodríguez.
También testificarán, entre otros, varios ex altos cargos de Transportes como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, empresarios o agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron la presunta trama.
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