Un grupo de activistas de Greenpeace ha protestado pacíficamente contra la carga de contenedores con armas fabricadas en España al barco Bahri Tabuk, con destino a Arabia Saudí, en una acción que pretende llamar la atención “sobre el oscurantismo que envuelve el comercio de armas”. “La autorización del Gobierno a este tipo de exportaciones de armas que podrían ser utilizadas contra la población civil en conflictos armados es ilegal”, denuncia la ONG verde.
El grupo de activistas ha desplegado varias pancartas donde se podía leer «No queremos ser cómplices» y «Armas Marca España para matar civiles». Greenpeace asegura haber constatado que al menos parte de las armas son de la empresa Expal Systems, S.A.
La legislación española sobre comercio de armas (Ley 53/2007) establece que se deben denegar las autorizaciones de exportación de armas «cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional». Y por esa razón, esgrime Greenpeace, “la exportación de armamento a Arabia Saudí es ilegal”
Según la ONU, desde marzo de 2015, al menos 8.530 civiles han perdido la vida y 48.848 han sido heridos en la guerra de Yemen. “Todas las partes del conflicto han cometido graves violaciones del derecho internacional con total impunidad y casi 19 millones de personas han sido desplazadas”.
Greenpeace recuerda que desde que comenzó el inicio del conflicto en Yemen, en marzo de 2015, España ha exportado más de 650 millones de euros en armas a Arabia Saudí, “lo que constituye un claro caso de incumplimiento de la legislación española y europea en la materia y, también, del Tratado sobre el Comercio de Armas, suscrito por el Estado Español”.
Además, denuncia que estas operaciones “se han desarrollado con total opacidad y falta de control por parte del Parlamento”. Cuando se cumplen 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas “es imperativo revisar el funcionamiento del sistema de control de exportación de armas y asegurar su cumplimiento riguroso”.
«Exigimos el fin de la exportación de armamento a países involucrados en conflictos que puedan ser utilizadas para matar a civiles. Al autorizar estas exportaciones, el Gobierno de España está incumpliento la ley y podría hacer cómplice a toda la población española de los crímenes de guerra que puedan cometerse con esas armas, por lo que debe actuar ya», ha declarado Sara del Río, responsable de la campaña de Greenpeace a favor de la paz.
“Lamentablemente, esta semana diputados del PP, PSOE y Ciudadanos de la Comisión de Defensa del Congreso votaron en contra de un veto específico a la venta de armas españolas a Arabia Saudí por su implicación en la guerra de Yemen, por lo que se rechazó esta recomendación para el Gobierno”.
«La transparencia es un elemento clave para contribuir a la paz y es esencial para la rendición de cuentas efectiva. La Ley de Secretos Oficiales española es uno de los principales obstáculos para avanzar en transparencia, asegurar que el Gobierno cumple la ley y evitar exportaciones irresponsables», ha añadido Del Río.
Greenpeace reclama que el Parlamento apruebe la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y se adecúe a las normas internacionales, además de que revoque el acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1987, que clasificó como secretas las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas, ya que impide conocer las razones, por ejemplo, para autorizar las exportaciones a Arabia Saudí.
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