El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha archivado la causa penal por la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos de inversión en 2013 durante el mandato de la exalcaldesa popular Ana Botella por 128,5 millones de euros.
Según un auto publicado este jueves por varios periódicos y del que informa Efe, el juez instructor indica que no hay “elementos suficientes” que permitan seguir con el procedimiento penal por la venta de estos 18 bloques de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a Blackstone, filial del fondo de inversión Fidere.
El procedimiento penal por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos se dirigía contra Fermín Oslé, el entonces consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere.
El magistrado, en un auto fechado este miércoles 23 de enero, resume que esa operación se realizó “para solventar una angustiosa situación económica por la que atravesaba la EMVS”. “Se acordó por quien tenía competencia para ello llevar a cabo un plan que contemplaba, entre otras medidas, la venta de inmuebles”, añade el magistrado.
“Irregularides formales menores”
Y considera además que, “con todas sus irregularidades formales, menores”, el procedimiento “respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia, adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresa cuyas condiciones se consideraron, razonablemente, más ventajosas”.
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de este procedimiento penal en octubre del año pasado a partir de los recursos de apelación interpuestos por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Afectados por la Venta de Suelo de la EMVS.
Ambos se apoyaban en un informe de la Cámara de Cuentas que cuestionaba la venta por valor de 128,5 millones por no respetar las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos.
La EMVS también se personó posteriormente en la causa contra Botella y sus ediles que ahora el juez ha archivado, al entender que no existen indicios mínimos que acrediten «una conducta penalmente relevante».
A finales de diciembre del año pasado la exacaldesa de Madrid y seis de sus ediles fueron condenados a pagar 22,7 millones de euros por el Tribunal de Cuentas por vender las viviendas de forma “ilegal”, sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio.
El juez ha acordado sin embargo el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa penal, sin perjuicio -indica- de que “en otros órdenes jurisdiccionales” que se rigen por principios diferentes se pudieran depurar “otro tipo de responsabilidades”. Contra la decisión se puede presentar un recurso de reforma en los próximos tres días o de apelación en el plazo de cinco.
