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Así lo ha advertido el presidente del Gobierno aragonés, el popular Jorge Azcón, quien, durante su visita a la estación de Formigal (Huesca), ha mostrado su “verdadera preocupación” por la posibilidad de que el Ejecutivo central encuentre apoyos en el Congreso de para implantar definitivamente este impuesto, ya que se incrementarán los costes de la energía y dificultará la reindustrialización de Aragón.
El presidente, según Europa Press, ha aseverado que si el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba la consolidación de este gravamen y concede al País Vasco “un privilegio” para que no lo tenga que pagar, introduciendo así “un elemento de distorsión”, Aragón utilizará “todos los recursos a su alcance” para impedirlo.
Junts ha recalcado este martes en el Congreso que no apoyará la ley para hacer permanente el impuesto a la banca y las energéticas si ello supone perjudicar inversiones en Cataluña y, concretamente, en Tarragona, donde Repsol tiene previsto invertir 1.100 millones de euros.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha señalado que su grupo está pendiente de recibir una propuesta del Gobierno sobre la reforma de ese impuesto hasta ahora temporal y que el PSOE se ha comprometido con sus aliados en convertirlo en permanente. “Veremos qué pasa en los próximos días”, ha dicho, recoge la citada agencia.
Pero sí ha querido dejar clara una advertencia previa: “Desde Junts no facilitaremos que se apruebe nada que ponga en riesgo inversiones que son importantes para Cataluña y en concreto para Tarragona”, ha recalcado.
Por su parte, desde Sumar, en cambio, insisten en su pretensión de mantener ese impuesto que, según sus datos, el pasado año “recaudó 2.900 millones de euros más”. El portavoz de sumar, Íñigo Errejón, considera que “los banqueros y los dueños de las energéticas son un pequeñito oligopolio” que “se está forrando” y puede contribuir más a la riqueza nacional, porque los trabajadores, las pymes y la clase media ya pagan suficiente.
“Un Gobierno que quiera avanzar en derechos es un Gobierno que tiene que responder a la pregunta de quién paga esos derechos. Y para Sumar, la respuesta es evidente: tienen que pagar fundamentalmente las financieras, los bancos y los grandes patrimonios”, ha zanjado.
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