Antonio Burgueño, actual alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha sido citado a declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ha decidido reabrir la causa relacionada con los fallecimientos en residencias públicas durante la pandemia, en el marco de la aplicación de los “protocolos de la vergüenza”.
Junto a él están citados Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, y su sucesor en el cargo, Javier Peromingo. Todos comparecerán el lunes 27 de mayo, y están siendo investigados por un presunto delito de denegación de atención sanitaria por motivos de edad, relacionado con las instrucciones que impidieron el traslado hospitalario de miles de ancianos en plena emergencia sanitaria.
Esta es la primera vez que la Justicia imputa a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la gestión de las residencias durante el covid-19
Denuncia de los familiares y actuación de la Fiscalía
La causa fue reabierta el pasado 1 de abril tras la petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, que recogía una denuncia colectiva de 109 familiares de fallecidos en residencias. El Ministerio Público consideró que existen indicios suficientes para reexaminar la actuación de los responsables políticos y sanitarios madrileños.
Los llamados protocolos de exclusión diseñados en 2020 por la Consejería de Sanidad establecieron criterios que, de facto, impedían derivar a hospitales a mayores con deterioro cognitivo o dependencia funcional, una situación que, según múltiples organizaciones y familiares, vulneró derechos fundamentales y precipitó la muerte de cientos de personas.
La investigación judicial pone en el centro del debate la gestión de las residencias y el papel del Gobierno autonómico durante el momento más crítico de la pandemia
El contexto político y social del caso
Este nuevo paso judicial se da en un contexto de fuerte presión social y con numerosos colectivos de víctimas reclamando verdad, justicia y reparación. Organizaciones como Marea de Residencias o Pladigmare han denunciado reiteradamente la falta de transparencia y responsabilidad política sobre la gestión de los centros de mayores durante la pandemia.
Además, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido en múltiples ocasiones la legalidad y necesidad de las medidas adoptadas en ese momento, a pesar de las crecientes evidencias que apuntan a una gestión sanitaria selectiva y carente de recursos para los más vulnerables.
