El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, trató de apartar a los fiscales del ‘caso Lezo’ un día antes de que se llevara a cabo la operación y la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En su momento, el fiscal aseguró que no conspiró de ninguna manera para torpedear la Justicia. Ahora se demuestra que, en realidad, sí lo hizo.
El fiscal firmó un decreto el 18 de abril a la finalización de la ‘famosa’ junta de fiscales anticorrupción que se saldó con una rebelión interna ante las peticiones de Manuel Moix de no acusar a los detenidos de pertenencia a organización criminal.
En ese decreto, según la Cadena SER, Moix exime a Carlos Yáñez y Carmen García – fiscales del caso – de las “responsabilidades” en que puedan incurrir en el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de ejecutar la operación, “ante la premura de tiempo para designar a otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento”.
La intención del fiscal jefe era, definitivamente, cambiar a los dos fiscales. A pesar de que hace unos días Moix asegurase a la misma emisora que eso era mentira escudándose en que había pedido “recientemente” la renovación de Carlos Yáñez en su cargo en Madrid. Algo que es cierto, pero que ocurrió con semanas de antelación a aquella controvertida junta de fiscales.
La SER confirma además que el decreto de Moix detalla cómo el fiscal jefe pretendía evitar el registro a la sede del Canal Isabel II, en lo relativo a la adquisición de la empresa pública Inassa en 2001
