José Manuel Villarejo, excomisario de policía
La Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego De Egea, el “precipitado” cierre de parte de la investigación sobre las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, y le insta a reabrir dos de las piezas del sumario que archivó el pasado mes de junio porque dispone de “nuevos elementos incriminatorios” contra todos los involucrados.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional dos informes interesando la reapertura íntegra de las piezas separadas 2 y 3 del procedimiento conocido como Operación Tándem y denominadas Iron (sobre el bufete Herrero y Asociados) y Land (sobre la familia promotora de La Finca). Ambas versan sobre las actividades de personas que habrían contratado al expolicía para sus fines y que tras el archivo dejaron de estar imputadas, informa Europa Press.
Según explica este organismo en un comunicado, solicita la reapertura “al haberse hallado con posterioridad a los autos de sobreseimiento provisional, nuevos elementos incriminatorios contra todas las personas involucradas, y en particular, contra los siete investigados en total que se vieron afectados por las decisiones de archivo, y que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil”.
En esta línea, argumenta que los avances en el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados el pasado mes de noviembre, “permiten seguir ampliando las fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años”.
“Ello aconseja reabrir la instrucción de dichas piezas separadas que, a juicio de la Fiscalía, se habrían cerrado precipitadamente por el Instructor, lo que llevó a la presentación el 13 de agosto de 2018 de sendos recursos en ambas piezas, pendientes de resolución por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, señala.
De hecho, Anticorrupción, que ha aportado a su solicitud lo que denomina “nuevos y sólidos indicios” sobre ambas piezas, solicita al juez que deje sin efecto los sobreseimientos sin esperar a que se resuelvan sus propios recursos contra aquella decisión, porque en su opinión, eso “permitiría el más amplio e inmediato ejercicio del derecho de defensa de los investigados afectados”.
Destaca además, que con la solicitud de formación de piezas separadas desde su inicio, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada “pretende la simplificación y la más adecuada ordenación de la presente macrocausa” y en este contexto, la reapertura de Iron y Land resultan \»una actuación procesal que objetivamente impulsa la misma en aras de posibilitar su rápido enjuiciamiento”.
La pieza Iron fue una de las abiertas contra Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre. Por ella, además del propio excomisario y su socio Rafael Redondo, fueron investigados cuatro abogados de un despacho que habrían contratado sus servicios para hacer seguimiento de personas de otro bufete.
Mientras Anticorrupción veía posibles delitos de revelación y descubrimiento de secretos así como de cohecho, el juez De Egea concluyó en julio que no existían “mínimos indicios racionales y objetivos” de los mismos y decidió archivar esta línea de investigación, dejando así de estar en el radar los cuatro abogados investigados.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de la existencia de una serie de grabaciones que sí supondrían indicios racionales, ya que probarían que los investigados conocían la condición de policía de Villarejo antes de encargarle sus ‘servicios’, algo que el juez en su momento no dio por acreditado.
En cuanto a la pieza Land, se centraba en otros presuntos clientes de Villarejo, concretamente la familia promotora de la urbanización madrileña de La Finca, de la que se investigaba a dos personas, pero De Egea decidió archivar las indagaciones sobre ellas, no así sobre el excomisario, que continuaba en calidad de investigado tanto en esta pieza como en Iron.
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