Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia
La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por su presunta implicación en la rama de la trama Púnica en esa comunidad autónoma, según han informado Europa Press.
Así figura en el escrito de acusación que ha remitido el Ministerio Público a la Audiencia Nacional, después de que el juez instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, procesara al exdirigente ‘popular’ por la presunta trama urdida en la región con fondos públicos para abonar trabajos de reputación a las empresas Eico y Madiva cuando Sánchez era aún consejero.
Sánchez -para quien también se piden ocho años de inhabilitación— y un miembro de su equipo, D. C., habrían fraguado presuntamente trabajos con el informático experto en reputación en internet Alejandro de Pedro para «limpiar» con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la Presidencia de Murcia en 2015.
Las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez recogen en su escrito de acusación que De Pedro y Conesa, valiéndose de sus contactos políticos, firmaron contratos públicos «muchos de ellos con objeto simulado» a cambio de realizar trabajos personales de imagen, reputación on line y posicionamiento en la red, todos ellos pagados con fondos públicos.
Los trabajos reputacionales, según Anticorrupción, se presupuestaron en 4.600 euros al mes durante siete meses con un coste total de 32.000 euros que podrían ser constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar, sí hubo un acuerdo que afectó a la Administración.
Similar al de Sánchez es el caso de la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, quien, al ser aforada, está imputada en el Tribunal Supremo también por contratar a De Pedro para mejorar su reputación en redes sociales.
Sin embargo, a diferencia del expresidente, la Fiscalía ha pedido al alto tribunal que archive su causa al no poder justificar los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
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