Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid
Según avanza ABC y ha confirmado Europa Press, esa reducción se habría realizado sin procedimiento administrativo, por lo que presumiblemente causó un quebranto económico al erario público superior a los 10 millones de euros. También solicitan la imputación del ex consejero Juan José Güemes y de otros altos cargos.
Fue en diciembre de 2020 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.
Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permiten concluir «que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S. A.
Dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44 de 28 de mayo de 2008 en virtud de la cual 135 habitaciones del citado hospital de Majadahonda pasaron de ser dobles a individuales.
Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de «la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió».
Según el fiscal, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos».
Sin embargo, al día de la fecha –diciembre de 2020– «no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros».
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