Así consta en la calificación fiscal al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruyó este caso en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al ‘expresident’.
Este grupo, según señala la calificación a la que ha tenido acceso Europa Press, operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico.
El pasado mes de junio el juzgado instructor dictó un auto por el que dio por concluida la fase de instrucción y emplazaba a la Fiscalía y las demás acusaciones a solicitar la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Junto a Zaplana, Fiscalía acusa a otros investigados en la causa como el considerado presunto testaferro del ‘expresident’, Joaquín Barceló; el también ‘expresident’ de la Generalitat José Luis Olivas, y los empresarios Vicente y José Cotino, entre otros.
