La apertura de estas pesquisas, implica que el Ministerio Público comenzará a indagar para decidir posteriormente si archiva el asunto o lo judicializa para que la investigación continúe en los tribunales.
El caso partiría de la denuncia presentada el pasado 19 de abril por el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, a raíz de los audios publicados por El Confidencial.
Galán apuntaba en ella a la comisión de delitos de cohecho, corrupción en los negocios y entre particulares, administración desleal y prevaricación administrativa por dicho contrato.
Posteriormente, Galán habría ampliado la denuncia al entender que Rubiales también habría incurrido en una conducta delictiva al disfrutar de una vivienda en Madrid cuyo alquiler habría soportado la RFEF a pesar de que estaría censado en la capital, lo cual vulneraría la normativa interna.
