En un decreto de este martes el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pone el foco en «la patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria».
Fue el pasado mes de abril cuando la Fiscalía acordó la incoación de diligencias para el esclarecimiento de hechos que revestían una «especial trascendencia». Se abrió entonces una investigación por cada una de las siete empresas «supuestamente favorecidas», entre las que estaban Beedigital –a la que la denuncia vinculaba con la ministra de Economía, Nadia Calviño– e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
