Según han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, la Fiscalía Especializada ha dado por finalizada la investigación que no se encontraba judicializada, sino en una fase anterior –de diligencias fiscales– que podía concluir en archivo o en pase a disposición de lo investigado a un juez.
Anticorrupción abrió las diligencias en diciembre de 2018 para intentar aclarar el destino de 80 millones de euros que, según Corinna Larsen, se habrían repartido –entre otros el Rey emérito– por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
En la causa investigaban los contratos pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad.