De acuerdo a un estudio realizado por el sindicato a través de una encuesta anónima, el 49% de los encuestados reconoce haber tomado alguna sustancia en el último año. En su mayoría mujeres, un 68%, y entre los tipos de sustancias destacan los ansiolíticos, tranquilizantes, somníferos u otros. También están los antidepresivos, el alcohol y las drogas. Y es que, “la administración pública no promueve un ambiente positivo”, denuncia CSIF.
En este sentido, destaca que el 57% reconoce que en su organización no existe ni promueve un clima laboral de confianza, “como pueden ser por ejemplo que los mandos sean honestos en el trato con los trabajadores, accesibles, abiertos, etc”. Además, apunta, la “falta de confianza puede generar un clima de tensión, incertidumbre y disminución del rendimiento, limitando el potencial de crecimiento y desarrollo tanto individual como organizacional”.
Las situaciones más frecuentes para este colectivo, y por las que hasta se han llegado a sentir sobrepasados en algún caso, son el exceso de trabajo, la falta de desconexión digital, el acoso, la falta de reconocimiento o la dificultad para conciliar, entre otras cuestiones. Esto hace que empleados y empleadas púbicas no lleguen a comunicar que padecen una enfermedad mental en el trabajo por miedo a sentirse discriminada o estigmatizada. Así lo admite el 57% de las personas que han participado en este sondeo. Además, un 31% lo haría solo si fuera obligatorio.
Tal y como expone el informe, el 76% de los empleados públicos reconocen que su trabajo le afecta negativamente a su salud mental y el 48% confirma que su empleo no afecta a su salud mental de forma positiva. Es decir, “no les motiva ni se sienten realizados”.
Respecto al apoyo social, el 30% no se sienten apoyados ni por compañeros ni por responsables.
Ir al psicólogo
Otras de las conclusiones es que el 60% sienten que su salud mental está dañada y que necesitarían haber ido al psicólogo en el último año. Sin embargo, solo han accedido a la asistencia psicológica un 38% de los encuestados. De ellos, el 36% ha acudido a la sanidad pública el 36%, el 62% acudió un psicólogo privado el 62% y un 2% a un profesional de la empresa.
Por género, las mujeres copan este punto y con un 75% han acudido a un profesional de psicología.
Y ante esto, “¿qué está haciendo la administración pública en los centros de trabajo?”, se pregunta el estudio. Sobre las actuaciones realizadas en el último año en materia de promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales, el 67% asegura que no se ha realizado ninguna.
De ahí que CSIF considere que es “urgente” reforzar los servicios públicos de salud dotando a los mismos de más presupuesto y profesionales de salud mental. También pide abordar en el ámbito laboral “los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as públicos, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio”. “El entorno laboral y sus riesgos forman parte de las causas de daño a la salud mental” y “la detección precoz de problemas psicológicos no solo sería desde los servicios de atención primaria y salud mental sino también desde Salud laboral”, sostiene.
El sindicato anuncia que va a iniciar una campaña de denuncias a la Inspección de Trabajo y solicitudes a los comités de seguridad y salud para que se adopten medidas efectivas para corregir esta situación y conseguir que se realice una adecuada gestión psicosocial.
