Asociación de médicos titulados superiores de Madrid
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) celebra que la Justicia reconozca la obligación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de dotar de medios de protección al personal sanitario, de cara a las reclamaciones que se pudieran producir en caso de que algún profesional sufriera alguna afectación por causa de la infección por coronavirus.
En declaraciones a Europa Press sobre la decisión del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid de dar a la Consejería de Sanidad un plazo de 24 horas para dotar de material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, ha admitido que proceder a la ejecución de un auto de este tipo «es complicado si no hay material».
«Nos satisface que la Justicia nos haya dado la razón en una cosa, la Administración tiene la obligación de dotarnos de medios de protección para que no vayamos a trabajar en riesgo», ha destacado Ezquerra, para señalar la importancia de que sea así de cara a «hacer las reclamaciones pertinentes» en el caso de que algún profesional sufriera alguna «afectación» o «secuelas» o «falleciera».
El Juzgado accede a la petición de las medidas cautelarísimas requeridas por Amyts, «asumiendo, exigiendo y requiriendo», en palabras de Ezquerra, a la Comunidad de Madrid que dote a todos los centros del Servicio Madrileño de Salud en 24 horas de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.
La asociación presentó la demanda ante los Juzgados de lo Social este martes «ante la situación de desabastecimiento en Madrid y la exposición permanente de profesionales a alto riesgo de infección», ha argumentado Ezquerra.
EL MINISTERIO, «NO TIENE NADA QUE VER»
Sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que elevaría el auto a la autoridad pertinente, «el mando único del Ministerio de Sanidad», el secretario general de Amyts ha asegurado que el Ministerio de Sanidad «no tiene nada que ver».
En este sentido, ha recordado a la presidenta que el funcionamiento de la Justicia se basa en unos «ámbitos de competencia», y ha añadido que la Confederación de la asociación ha recurrido al Tribunal Supremo en lo que tiene que ver con el Ministerio de Sanidad.
Según una abogada de Amyts, las medidas son ejecutivas desde el mismo día de su notificación y seguirán vigentes hasta que en su día se dicte sentencia de la demanda que se está preparando.
«El auto viene a reconocer la obligación legal de la empresa o de la administración empleadora de proteger a sus trabajadores mediante la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad, incluso con carácter previo a la posible causación del daño», ha recalcado.
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